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CICIG PRESENTA AMPARO EN CASO NEGOCIANTES DE LA SALUD Guatemala, febrero 22 de 2016. La Comisión Internacional contra la…

Posted by Consultoria de formación en prevención de seguridad y autoprotección on Martes, 23 de febrero de 2016

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La Comisión Internacional contra la Impunidad en #Guatemala CICIG PRESENTA AMPARO EN CASO NEGOCIANTES DE LA SALUD

Guatemala, febrero 22 de 2016. La Comisión Internacional contra la Impunidad en #Guatemala #CICIG presentó una acción de amparo contra dos resoluciones de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal que confirmó y otorgó medidas sustitutivas a favor de diez sindicados en el caso “negociantes de la salud”.

La acción legal fue planteada en la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia contra las resoluciones del 12 de enero y 28 de enero de 2016, de dicha Sala, en las cuales confirma las medidas sustitutivas de arresto domiciliario y fianza a favor de los sindicados: Hugo René Navas Bonilla, César Estuardo Hernández Monroy, Marcelo Noguera Sagastume, Roberto Francisco Estrada Morales, Carlos Enrique Palma Carranza, Carlos Rodolfo Salvatierra Soto, Mateo Estuardo Ramazzini Menéndez, José Rafael Arriaga Fuentes y José Rodolfo Barrientos Montepeque. Mientras que le otorgó medidas sustitutivas a Juan Carlos Umaña Velásquez.

Además agregó el delito de tráfico de influencias a varios de los sindicados, mientras que a otros el delito de cohecho pasivo. En la audiencia de primera declaración todos fueron ligados a proceso por asociación ilícita.

Principales argumentos de la acción de amparo:

  • Falta de fundamentación en las resoluciones: La Sala se limitó a repetir las argumentaciones de las partes que apelaron las medidas sustitutivas otorgadas en primera instancia por el Juzgado Sexto de Instancia Penal, y no realizó ningún tipo de análisis que indicara las razones de sus fallos. Los magistrados obviaron fundamentar el daño causado al patrimonio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), así como la violación a los derechos fundamentales de los pacientes de dicha institución.
  • Peligro de fuga y obstaculización a la averiguación de la verdad: La Sala no argumentó cómo se podían descartar estos dos inconvenientes para el buen desarrollo de la investigación, y no analizó las facilidades que tienen los sindicados para huir u ocultarse. En la audiencia de primera declaración se estableció la red de contactos que poseen los sindicados.
  • Otras de las medidas que les fijó la Sala fue entregar sus pasaportes personales al Ministerio Público. Sin embargo, esta medida no es ninguna garantía porque el Acuerdo Regional de Procedimientos Migratorio CA 4 permite la circulación de personas únicamente con su Documento Personal de Identificación (DPI) entre los países de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
  • Los magistrados de la Sala también se contradicen con su fallo del 12 de enero en el cual señalaron que existían indicios suficientes para agregar el delito de cohecho pasivo a Roberto Francisco Estrada Morales, Carlos Enrique Palma Carranza, Marcelo Noguera Sagastume y Carlos Rodolfo Salvatierra. Mientras que a Mateo Estuardo Ramazzini Menéndez se le sumó el delito de tráfico de influencias. Sin embargo posteriormente les otorgó las medidas sustitutivas para salir libres.

Por los argumentos expuestos, la La Comisión Internacional contra la Impunidad en #Guatemala  CICIG solicitó a la Cámara de Amparos y Antejuicios dejar sin efecto las dos resoluciones de la Sala para no entorpecer las investigaciones de la CICIG y del MP.

Antecedentes
Las investigaciones establecieron que operadores de salud externos al IGSS acuden a proveedores de medicamentos para procurar la venta de su producto o servicio al IGSS. Para realizar lo anterior, los operadores se dirigen a los funcionarios periféricos (personal del IGSS que puede modificar el listado básico de medicamentos). Los operadores también acuden a los funcionarios centrales (personal del IGSS que intervienen en los procesos de adquisición institucional) para incidir en la manipulación de dichos procesos.

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    Coaching Siseguridad: Formación en seguridad y del Manual de autoprotección integral de personas #MAIP

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      Posted by Consultoria de formación en prevención de seguridad y autoprotección on Miércoles, 18 de febrero de 2015

      Prevención y autoprotección integral de la violencia en el trabajo

      Normativa sobre formación en seguridad y autoprotección en el marco de la Ley LPRL

      La normativa sobre FORMACIÓN DE TRABAJADORES (en prevención) es extensa y parte del artículo 19 de la LPRL. Existen disposiciones de aplicación transversal (ET, LPRL, RSP, LISOS), que se complementan con otras específicamente dirigidas a los trabajadores que pertenecen ciertos colectivos (AGE, Militares, Guardia Civil, Policía…), que trabajan en determinados sectores de actividad (Minería, Construcción, Pesca), que emplean equipos de trabajo o protección, que realizan trabajos con riesgos específicos (ATEX, riesgos eléctricos, manejo de cargas) o que están expuestos a agentes físicos (ruido, vibraciones, radiaciones), químicos (incluidos los cancerígenos) o biológicos. En la tabla anexa se detalla, estructura y facilita el enlace a toda esta normativa.

      En relación con la FORMACIÓN PARA EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES PREVENTIVAS:

      * La formación de nivel superior se regula en el artículo 37 RSP. En la actualidad, en el ámbito técnico, la habilitación para desempeñar funciones de nivel superior requiere contar con una titulación universitaria oficial y cursar una formación mínima, acreditada por una universidad, con el programa a que se refiere el anexo VI del RSP en relación, al menos, con una de las especializaciones indicadas en el mismo. En el ámbito sanitario, la Especialidad de Medicina del Trabajo viene regulada en el RD 127/1984, (actualizado por el RD 139/2003) y la de Enfermería del Trabajo por el RD 450/2005. Los auditores a que alude el art. 8.2 de la Orden TIN 2504/2010 deben tener una formación de nivel superior.

      * La formación de nivel intermedio se regula en el art. 36 del RSP. En la actualidad, la habilitación para desempeñar funciones de nivel intermedio requiere cursar la formación profesional conducente al título de Técnico Superior de Prevención de Riesgos Profesionales. Los coordinadores a que alude el art. 14 del RD 171/2004 deben disponer de una formación, al menos, de nivel intermedio.

      * La formación de nivel básico se regula en el art. 35 del RSP y en determinados convenios colectivos (construcción, metal y ferralla). El recurso preventivo a que alude el art. 32 bis .4 de la LPRL debe disponer de una formación, al menos, de nivel básico.

      Violencia en el lugar de trabajo

      La violence dans le lieu de travail

      Workplace violence

      Introducción

      Uno de los riesgos a los que están sometidos las personas en el desempeño de su trabajo deriva de la interrelación con otras personas. El despliegue de comportamientos violentos puede suponer un importante riesgo para la salud y seguridad de las personas.

      La violencia sufrida en el lugar de trabajo es un problema al que se le va prestando una atención creciente. Según datos aportad os por la Encuesta Europea sobre Condiciones de Trabajo en la Unión Europea (1996), la violencia física ha afectado al 3,6% de los trabajadores de la Unión Europea en el periodo de doce meses inmediatamente anterior a la realización de la encuesta. Hombres y mujeres se encuentran afectados por igual, siendo el sector servicios el que más episodios de violencia registra. Los datos referentes a España ofrecen un porcentaje algo inferior (2%) a la media comunitaria. En el ámbito europeo, y según su actividad, quienes más episodios de violencia refieren son las Administraciones, almacenes, comercios y talleres, y hoteles y restaurantes.

      En países como Estados Unidos, en los que la violencia es un problema mucho más severo que en Europa, las cifras llegan a ser escandalosas. A título de ejemplo, sirva la siguiente; en California, durante 1993 y 1994, el homicidio fue la principal causa de muerte en el trabajo.

      Normalmente existe la tendencia a asociar la violencia con la agresión física. Sin embargo, y a pesar de no existir una definición única de violencia en el lugar de trabajo, sí existe un elemento común a la hora de enfocar y plantear la cuestión, el concepto de violencia debe ser más amplio que el de la mera agresión física (pegar, golpear, empujar, disparar,…) y debe incluir y comprender otras conductas susceptibles de violentar e intimidar al que las sufre. Así, la violencia en el trabajo incluiría, además de las agresiones físicas, las conductas verbales o físicas amenazantes, intimidatorias, abusivas y acosantes.

      De hecho, y a pesar de la gravedad y notoriedad de las agresiones con resultado de muerte o de daños físicos a las personas, el problema de la violencia en el lugar de trabajo está, principalmente, centrado en los abusos verbales y las amenazas, incidentes

      éstos que se presentan como los más comunes. En la mayoría de las ocasiones, o no se les presta atención o se asumen como parte integrante del trabajo y, sin embargo, pue den tener importantes efectos sobre las personas que los sufren (e incluso sobre el resto de

      trabajadores que son testigos). El problema radica en que, a diferencia de las agresiones físicas, el impacto de otros tipos de conductas violentas es difícil de determinar (a veces los efectos no son inmediatos sino a largo plazo, dependen también de las distintas percepciones sobre lo que se considera una conducta verbal abusiva o amenazante,…).

      Una de las principales dificultades es la definición de lo que es una acción violenta relacionada con el lugar de trabajo. Los dos problemas básicos que se plantean se refieren, por una parte, a lo ya comentado sobre la amplitud del concepto de violencia y, por otra parte, a su relación con el trabajo. Que un acontecimiento de violencia se produzca en el lugar de trabajo no tiene porqué significar necesariamente que tal suceso sea un resultado directo de la propia actividad laboral. Habría que entender que tal evento se cause bajo la premisa de la actividad laboral dependiente del empresario, o en otros lugares donde los trabajadores desarrollen su trabajo o se les requiera que estén presentes como condición del desempeño de su trabajo (algunos episodios pueden ocurrir fuera del lugar de trabajo.

      Generalmente cuando en España se pregunta lo que se considera pueden ser entornos violentos, sorpresivamente para algunos, se mencionan los centros de trabajo ya que allí han sido testigos o peor aún protagonistas de actos violentos.Manual de Autoprotección Integral de Personas MAIP